Cuestiones como la precipitación de la amnistía o el giro a la izquierda en el discurso del gobierno pasaron a la Historia como provocaciones hacia el motín, y así se nos han querido contar tantas veces los acontecimientos. Nada más lejos de la realidad, aunque sí hubiera un cierto error trágico en la creación de un pacto del que cada uno de los electorados esperaba algo muy diferente. La Segunda República es, a la vez, un periodo protagonizado por las ensoñaciones colectivas, por discursos globales y explicaciones del mundo donde todavía todo era posible, donde las masas se arrojaban decididas a la consumación de un ideal, sin dejar de ser una parcela de nuestra Historia custodiada por los nombres propios. No solo en los estudios posteriores, sino ya en aquel momento, abundan los ismos que derivan de los nombres de los grandes personajes, hasta que las definiciones de las ideologías que convivieron en la República se ven traducidas en un sinfín de sinónimos imperfectos que nunca nos hablan de pensamientos concretos.
[1] Hay prietismo, hay caballerismo, araquistainismo. A veces parece que una justificación de la Guerra Civil dependería solo de comprobar si Dolores Ibárruri pronunció o no aquello de “este hombre ha hablado hoy por última vez”.
Los mitos de que el final de la República llegó desde su propio gobierno atienden, como apunta el caso anterior, a discursos célebres, a desencuentros fortuitos; en definitiva, al anecdotario. Es cierto que Francisco Largo Caballero hacía llamamientos a la revolución en sus mítines, como sabemos que fue un escolta de Indalecio Prieto quien asesinó a José Calvo Sotelo. A ello remiten las tentativas de disculpar el posterior golpe de Estado, sostenidas siempre sobre sucesos aleatorios que nada tienen que ver con la hoja de ruta de la legalidad republicana.
[2] Llegados aquí, podemos elegir entre trazar una línea de antagonismo entre unos y otros o, como Paul Preston, hablar de las tres Españas –la reformista, la conservadora y la revolucionaria-. Tanto en un caso como otro, deteniéndonos en el discurso y las propuestas del Frente Popular, podemos exculpar al gobierno democrático de participar activamente en lo que, con el paso del tiempo, hemos discutido como los primeros pasos hacia la guerra de desgaste que asoló España.
El Frente Popular, como en el caso francés, había sido una iniciativa comunista que había delegado el liderazgo, voluntariamente, a las opciones más moderadas. Así conseguirían acercarse a la sociedad y trabajar, desde allí, contra el fascismo; este apunte es fundamental para entender la naturaleza controvertida del pacto. Los mitos que dicen que España caminaba hacia un régimen de tipo soviético –y que este movimiento era alentado desde las instituciones republicanas con ayuda de Stalin- parecen olvidar que la Unión Soviética no estaba interesada en una España comunista, que el Komintern pidió una y otra vez a los líderes del Frente Popular que renunciaran a la revolución, y que la única alianza que el gobierno soviético pretendía mantener con la República era diplomática.
[3]
El programa electoral del Frente Popular poco tenía de comunista; de hecho, los vetos de los partidos republicanos a las aspiraciones más radicales de la izquierda figuraban explícitamente en el texto. Encontramos, en el programa, una gran cohesión de los partidos republicanos, que no cedieron a algunas de las peticiones que los comunistas y socialistas consideraban fundamentales; en especial la cuestión agraria. “Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del Partido Socialista.” “No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros.”
[4] Así, los republicanos de Azaña parecen contar con la última palabra sobre las aspiraciones de los partidos de izquierdas. Reflejar esta pluralidad explícitamente en el discurso contribuyó a movilizar a un electorado heterogéneo, sin desistir nunca de la idea de que el pacto estaba tutelado por los partidos de izquierda moderada.
El texto habla de restablecer el orden, respetar profundamente la Constitución legal de 1931 y trabajar por la separación de poderes para despolitizar la administración. La redacción del programa parte desde un claro soporte ideológico, pero una idea permanece a lo largo del texto: la República y la democracia son lo primero. Los llamamientos a la revolución, cuyo eco perseguía todavía a las fuerzas de la izquierda, se silencian en el programa con un reiterado respeto a la transparencia y a la legalidad.
La banca no se nacionalizaría, en contraste con lo que había sido uno de los puntos irrenunciables del discurso comunista, y no habría una revolución agraria, sino una timidísima reforma; asimismo, los obreros no tomarían el control de las empresas privadas. El programa del Frente Popular supo llevar las aspiraciones más rebeldes al reformismo, planteando propuestas socialdemócratas, que no pusieran en peligro la estabilidad de la República. El discurso se alinea a la izquierda, en simpatía con las clases desfavorecidas, sin desistir de los principios que movieron a la República democrática y social que ya se intentó en 1931. “La política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos”.
[5]
La amnistía a los presos políticos del bienio derechista ocupa un lugar importante en el discurso, de la misma manera que el gobierno de Lerroux había excarcelado a los militares que habían tomado parte en la Sanjurjada de 1932; de hecho, era el primer punto del texto con que la coalición republicana de izquierdas se presentaba a las elecciones. La relevancia que el programa concedía a la amnistía parecía confirmar la complicidad de la izquierda reformista hacia los grupos revolucionarios, hasta el punto de poner en peligro la credibilidad de los cantos a la legalidad que aparecen en el texto. Motines que se habían realizado de forma violenta y contra la propia República se disculpaban como políticos o sociales, algo que los republicanos de Azaña compartían, al menos sobre el papel, con fuerzas más radicales.
¿Por qué era tan importante la amnistía? Para algunos historiadores, como Concepció Sonadellas, ésta era la piedra de toque por la que la coalición recibió el apoyo de la izquierda revolucionaria. El PCE ya había recibido órdenes desde el Komintern para formar parte del Frente Popular, que en Francia había dado buenos resultados, y que se estaba preparando también en Gran Bretaña;
[6] la cartelería con la que los comunistas pidieron el voto para la coalición de izquierdas apenas hacía más reclamos electorales que la esperada amnistía. El POUM, contrario al estalinismo, y la CNT, partidaria de la acción desde las bases, tal y como mencionaron en la prensa, solo esperaban del Frente Popular la liberación de los presos de 1934. Largo Caballero había cedido su apoyo a los republicanos de Azaña, siempre sin entrar en el Ejecutivo, prolongando una vez más la ambigüedad de su discurso. “Nuestro deseo es fortalecerlo [el gobierno del Frente Popular] y con la colaboración en el poder se debilitaría. Los trabajadores protestarían al no verse fielmente interpretados.”
[7] Ante los ojos de la opinión pública, no hubo pacto más allá de la victoria electoral; los partidos y sindicatos de la izquierda radical reiteraron que con su participación no conformaban un programa de gobierno a largo plazo. De hecho, tanto antes como después de las elecciones, explicaron a través de los medios su descontento con la coalición a la que habían contribuido con su firma. Los grupos obreros se debatían entre su voluntad de derrotar a la derecha y mantener un discurso fiel a su electorado; esta fue la tensión fundamental del gobierno del Frente Popular, y el motivo por el cual las bases de los partidos y sindicatos que habían participado en él se enzarzarían en una guerra discursiva e ideológica en cuanto la victoria hubiera llegado.
Al día siguiente de las elecciones generales, el gobierno saliente decretó el Estado de alarma, para dejar abierta la posibilidad de no entregar el poder a Azaña. La excepción había sido una constante durante el bienio anterior, pero el cambio en el gobierno, a pesar de la ambigüedad del programa electoral del Frente Popular, parecía predecir la violencia que se iba a levantar una y otra vez, en el campo y en las ciudades, contra el orden establecido.
Los escrúpulos por parte de algunos cargos públicos hacia los procedimientos legales, desde luego, no duraron mucho. Menos de una semana después de las elecciones, y antes de que se constituyeran las nuevas Cortes, la comisión permanente del Congreso de los Diputados decretó la amnistía para los presos políticos. En una entrevista, Dolores Ibárruri contó que esos días había recorrido los centros penitenciarios de Madrid enseñando su credencial de diputada para exigir la liberación de los presos políticos. El entusiasmo por llevar a cabo la amnistía –durante la campaña electoral se hacía burla del Frente Popular, diciendo que era lo único en lo que consistía su programa- no era desde luego un punto de partida en la historia de revanchismo político que caracterizó a la República, pero sí vendría a poner de manifiesto que los principales partidos políticos mantenían un pie fuera de la legalidad; que estábamos todavía en una España en la que los crímenes propios siempre encontrarían justificación, y en la que solo el enemigo debía responder de la ley.
Sin embargo, si aceptamos la diferencia entre la estrategia de los grupos obreros a nivel orgánico y la responsabilidad que confería la participación en el ejecutivo ¿por qué se vincula al gobierno legal del Frente Popular con los episodios de violencia ocurridos entre febrero y junio de 1936? El discurso de algunos de los partidos que habían formado parte del pacto electoral, es cierto, incitaban a la violencia, pero pretender que esos levantamientos respondieran a órdenes del gobierno acabaría con el carácter ideológico de unas revueltas que atacaban, precisamente, el poder establecido.
[8] Parece que hay una confusión intencionada con la que, al contar la realidad de la época, los miembros del Ejecutivo se ven implicados en conflictos que tuvieron lugar en la calle; que tantas veces fueron arbitrarios, resultado de provocaciones puntuales.
Son muchas las causas de la violencia durante el gobierno del Frente Popular, pero una de ellas, muy desatendida –quizá porque no vemos más allá del espejismo de las dos Españas- fue la frustración de un pueblo sin recursos, dispuesto a todo, para el que la ideología no era el juego que es ahora para nosotros, que vivía las consecuencias de la política en primera persona más de lo que hoy podemos imaginar, y para el que aplazar aquel prometido mañana era prolongar, una vez más, un hambre feroz; una España campesina que, ante el descontento, atacaría por igual a los partidarios de un gobierno conservador como al Estado reformista. Por ello, Manuel Azaña no tardaría demasiado tiempo en retirar toda ambigüedad de su discurso. Si el programa electoral del Frente Popular se alineaba a la izquierda siempre dentro de un marco legal, y explicitando las renuncias que realizaban los partidos republicanos, el 3 de abril de 1936, en la primera sesión ordinaria de las Cortes, las prioridades del gobierno habían cambiado. “Sí, es cierto, vamos a lastimar intereses cuya legitimidad histórica no voy a poner en cuestión, pero que constituyen la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española […] Venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza donde quiera que esté.”
[9]Azaña nunca habló de romper el marco constitucional, pero mantener unido el Frente Popular, y lo más difícil, conseguir que las bases de los partidos y sindicatos confiaran en la legalidad, exigía de él un giro a la izquierda, aunque fuera sólo retórico. La precipitación de la reforma agraria –no tal y como la habían pedido los socialistas, pero sí con fines similares- se estaba llevando a cabo también para aliviar las desigualdades que, en el discurso republicano y de izquierdas, eran el motivo principal de la violencia. Algunos de los peores episodios, como el de Yeste –pero unos cuantos más- habían sido provocados por campesinos que habían dejado de esperar a la materialización legal de la reforma, ocupando las tierras por sí mismos.
Es conveniente recordar que el fervor del cambio en el gobierno vino acompañado, desde el día siguiente a las elecciones, de disturbios en las cárceles, quemas de iglesias y capillas y asaltos a las dependencias de los partidos de derechas. Milicianos de partidos del Frente Popular habían tomado aquella victoria por su cuenta, como si el triunfo electoral del bloque de izquierdas les diera una imaginada impunidad. Parecía inaugurado un período de violencia ideológica, pero deslocalizada y espontánea,
[10] que el gobierno intentó combatir, tanto desde el acercamiento desde el discurso, como por la acción de la policía. Las tentativas coactivas del ejecutivo para evitar conflictos que habían sido provocados, tantas veces, por militantes de los partidos de la coalición, hacían crecer la brecha entre el gobierno y las bases de los grupos que lo habían apoyado; menguaba asimismo el afecto de los partisanos hacia el poder establecido legalmente, aunque fuera de su propio signo. El gobierno del Frente Popular parecía incapaz de satisfacer las demandas de dos Españas que, desde un principio, habían renunciado al encuentro.
La lectura habitual de la radicalización de la izquierda durante la primavera de 1936 parece querer intuir una relación de causa y efecto entre el discurso cada vez más contundente de los dirigentes de los grandes partidos y las tentativas revolucionarias de los campesinos y trabajadores, esto es, que los primeros hubieran provocado los segundos. Hay quien sienta los precedentes de la guerra en la Revolución de Asturias,
[11] culpando principalmente a los líderes del socialismo –y muy especialmente a Largo Caballero- del giro que mancharía de sangre a la política española. No obstante, sabemos que las conspiraciones contra la República comenzaron ya en 1931.
La violencia no empezó desde los atriles de la Carrera de San Jerónimo, sino que las beligerantes palabras de los líderes de la España reformista respondían a exigencias que ya se encontraban en la calle. El contraste en el discurso –que en la política actual contemplamos sin ninguna extrañeza, y no deja de resultarnos inofensivo- era intencionado, y pretendía reiteradamente encauzar hacia la legalidad aquellos fervores que excedían los límites de la democracia parlamentaria.
[12] El PSOE procuró mantener ilusionado al mayor espectro de la izquierda que le fuera posible; renunciar a ello habría servido solo para precipitar aún más las provocaciones que la derecha requería para su anunciadísimo golpe.
El Frente Popular se había presentado, como hemos visto, como un pacto electoral creado en torno a la amnistía. Los republicanos de izquierdas tutelaron la coalición con un programa que quizá, de haber tenido una oportunidad, hubiera acabado con algunos de los principales los problemas de la clase trabajadora, y así aliviado la tensión política; en la historia contemporánea no ha habido guerras civiles en países con una clase media desarrollada. El imprevisto giro a la izquierda de Manuel Azaña buscó mantener los apoyos de un Frente Popular compuesto por partidos que, aún defendiendo al gobierno, no podían dar de lado a su electorado. Seguiría habiendo una distancia enorme entre los discursos de la izquierda republicana y la revolucionaria, pero los desencuentros entre unos grupos y otros apenas salieron alguna vez del juego de la retórica. Al contrario; las grandes diferencias no se encontraban entre unos partidos y otros, sino entre los dirigentes de estos y quienes les habían votado. Sabemos que el Frente Popular, a pesar de estar liderado por la izquierda reformista, había sido en realidad una iniciativa del PCE. Colocar la cuestión de la amnistía como único reclamo y presentar aquella alianza como un pacto impreciso solo fue una estrategia más para llevar a la victoria electoral a una coalición que, desde luego, los dirigentes comunistas no pensaban traicionar.
Los discursos grandilocuentes y arrojados a la izquierda que realizaron los protagonistas de la República no tuvieron la culpa de lo ocurrido; en todo caso, fueron las limitaciones del marco las que alejaron al pueblo de la política parlamentaria. La experiencia de 1931 había engendrado rencor en la derecha e insatisfacción en las clases explotadas. Quizá el Frente Popular, en 1936, llegara tarde para resolver desde la legalidad el conflicto fundamental que existía en España y la retórica, a pesar de estar llena de promesas de un mañana mejor, fuera ya insuficiente para calmar una impaciencia generalizada.
[1] PRESTON, Paul. Las tres Españas del 36. Debolsillo. Madrid, 2003.
[2] PONS PRADES, Eduardo. Realidades de la guerra civil. Esfera. Madrid, 2005.
[3] SONADELLAS, Concepció. Clase obrera y revolución social en España. Zero. Madrid, 1977.
[4] Extraído del programa electoral del Frente Popular para las elecciones de 1936, en ARRARÁS, Joaquín. Historia de la Segunda República Española. Nacional. Madrid, 1968.
[5] Extracto del programa electoral del Frente Popular, de la misma fuente bibliográfica que la cita anterior.
[6] Idea extraída de PRESTON, Paul. The Coming of the Spanish Civil War. Reform, Reaction and Revolution in The Second Republic. Routledge. Londres, 1994.
[7] SONADELLAS, Concepció. Clase obrera y revolución social en España. Zero. Madrid, 1977.
[8] PAYNE, Stanley G. La revolución española. Argós. Barcelona, 1977.
[9] Citado en PAYNE, Stanley G. El colapso de la República. Esfera. Madrid, 2005.
[10] Idea extraída de GONZÁLEZ, Eduardo. La necro-lógica de la violencia sociopolítica en la primavera de 1936. Universidad Carlos III de Madrid, 2010.
[11] Ésta es la hipótesis principal de 1934: Comienza la guerra civil de Pío Moa.
[12] Paul Preston defiende que Largo Caballero no tenía, en realidad, ninguna intención de desmontar la democracia parlamentaria de la República.
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